Consejo de Estado anula decreto de salario mínimo y gobernador de Antioquia fija postura sobre impacto fiscal
Colombia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado que anuló el decreto mediante el cual el Gobierno nacional había fijado el salario mínimo, al considerar que no se cumplió el procedimiento legal de concertación establecido en la ley.
El fallo reabre el debate jurídico y económico sobre la forma en que deben adoptarse decisiones salariales en el país. En ese contexto, Rendón aseguró que su postura no fue oponerse a un incremento en los ingresos de los trabajadores, sino advertir sobre las consecuencias estructurales en un mercado laboral marcado por altos niveles de informalidad.
El mandatario señaló que más de la mitad de la fuerza laboral colombiana se encuentra en la informalidad y que una proporción significativa gana menos de un salario mínimo, lo que —según afirmó— exige soluciones estructurales más allá de decretos. También cuestionó el ambiente de confrontación política en el que, a su juicio, se dio la expedición de la medida por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Rendón insistió en que las decisiones económicas deben sustentarse en criterios técnicos y no en lógicas de aplauso inmediato. Citó al exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, para señalar que “si la riqueza se pudiera decretar, hacer política pública y manejar la economía sería muy fácil”.
El gobernador vinculó además el debate nacional con el impacto en las finanzas territoriales. Indicó que Antioquia enfrentó sobrecostos superiores a los 700 mil millones de pesos, lo que habría puesto en riesgo la ejecución de programas y obras, entre ellas la pavimentación de cerca de 700 kilómetros de vías y proyectos de vivienda para aproximadamente 12 mil familias.
El pronunciamiento se suma a las reacciones políticas que ha generado la decisión del alto tribunal, que obliga al Gobierno nacional a replantear el procedimiento para fijar el salario mínimo y reabre la discusión sobre la sostenibilidad de las políticas laborales en Colombia.