Procuraduría confirma destitución e inhabilitación de Olmedo López y Sneyder Pinilla por millonario desfalco en la UNGRD

 

Política

La Procuraduría General de la Nación ratificó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos en contra de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por su participación en un esquema de corrupción dentro de la entidad.

Ambos exfuncionarios confesaron su participación en una red de desfalcos al interior de la UNGRD, mediante la aprobación de contratos con sobrecostos que favorecieron intereses del gobierno ante el Congreso.

El fallo disciplinario también incluye a Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general, quien recibió una sanción de 10 años de inhabilidad.

Según la investigación, los tres exdirectivos autorizaron un contrato por más de 46.800 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados a suministrar agua potable en La Guajira, con un sobrecosto del 54 %, equivalente a más de 16 mil millones de pesos.

La Procuraduría calificó las conductas como faltas gravísimas cometidas con dolo y culpa gravísima, señalando que vulneraron principios de la función pública como la moralidad, eficacia y economía.

Las sanciones impuestas son:

  • 18 años de inhabilidad para Olmedo López.
  • 20 años para Sneyder Pinilla.
  • 10 años para Víctor Meza.

Además, Sneyder Pinilla enfrenta una nueva imputación penal por parte de la Fiscalía General, relacionada con contratos por 8.671 millones de pesos en el departamento de Córdoba, entre agosto y diciembre de 2023. Los contratos incluyeron maquinaria, volquetas e interventorías gestionadas presuntamente a través de particulares no registrados como proveedores oficiales. Aunque los recursos no se desembolsaron, la Fiscalía formuló cargos por interés indebido en la celebración de contratos. Pinilla no aceptó los cargos.

Este escándalo representa uno de los casos de corrupción más graves dentro de la gestión del riesgo en Colombia y marca un precedente en el control disciplinario de funcionarios públicos.

Fuente: Infobae

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