Internacional
Un juez federal del Distrito de Columbia, Randolph Moss, bloqueó este miércoles la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que suspendía las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. En un fallo de 128 páginas, el magistrado determinó que la medida sobrepasaba las facultades del Ejecutivo y contravenía directamente las leyes migratorias aprobadas por el Congreso.
“El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que suplante los estatutos promulgados por el Congreso”, escribió Moss, al señalar que ni la ley ni la Constitución autorizan al mandatario a cerrar de forma unilateral el acceso al asilo a personas que ya se encuentran en territorio estadounidense, sin importar la forma en que ingresaron.
El fallo, que entrará en vigor en 14 días, representa un golpe a una de las decisiones más controversiales impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Se espera que su administración apele, lo que podría llevar el caso ante una corte de mayor jerarquía.
La decisión judicial surge en respuesta a una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles, migrantes y refugiados, que denunciaron el cierre del sistema de asilo como una violación a los compromisos internacionales y a la legislación estadounidense. “Esta sentencia significa literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para muchas familias”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
Además del bloqueo, Moss certificó a los solicitantes como parte de una demanda colectiva, lo que amplía la protección a miles de personas que huyen de persecución, violencia o tortura en sus países de origen.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la medida alegando que la situación en la frontera representa una emergencia nacional. Sin embargo, el juez consideró que los argumentos no justifican el reemplazo de leyes federales por decretos unilaterales.
Este fallo llega pocos días antes de que entre en vigor una resolución del Tribunal Supremo que limita el poder de los jueces federales para frenar políticas a nivel nacional, abriendo una nueva etapa de tensiones jurídicas sobre el alcance del poder presidencial en materia migratoria.