Con la publicación del decreto 639 de 2025, el presidente Gustavo Petro dejó sin efecto la polémica convocatoria a consulta popular que había sido cuestionada por desconocer el concepto negativo del Senado. Este acto, conocido como el ‘decretazo’, fue revertido oficialmente el 24 de junio, con la firma de todos los ministros, incluidos funcionarios que no habían respaldado la orden anterior.
En el nuevo decreto se justifica la derogatoria señalando que ya no es necesaria la consulta, dado que la reforma laboral —aprobada por el Congreso— recoge el contenido de las preguntas que iban a ser sometidas a votación popular.
El retiro del decreto ocurre el mismo día que se anunció la sanción presidencial de la reforma laboral, cuya promulgación se espera en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.
Sin embargo, la anulación del decreto no detiene las acciones legales en curso. Expertos coinciden en que las altas cortes deberán pronunciarse sobre los posibles efectos jurídicos del acto derogado, con implicaciones sobre los límites del poder presidencial en convocatorias como esta y en iniciativas futuras como la ‘octava papeleta’ que propone una Asamblea Constituyente.
Fuente: El Tiempo