El Congreso de la República se prepara para definir si la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro será aprobada y podrá llegar a las urnas. Aunque el mandatario ha afirmado que está dispuesto a avanzar por decreto, la realidad es que la decisión dependerá del respaldo mayoritario del Senado, que deberá pronunciarse sobre la viabilidad de llevar las 12 preguntas laborales directamente a la ciudadanía.
El documento oficial, radicado por Petro el 1 de mayo ante el Senado y dirigido a su presidente Efraín Cepeda, establece un calendario claro: el Congreso tiene hasta el 1 de junio de 2025 para emitir concepto, y la fecha máxima para convocar la jornada electoral sería el 1 de septiembre del mismo año. La propuesta busca salvar elementos de la reforma laboral, ya rechazada por la Comisión Séptima del Senado tras varios intentos fallidos en el trámite legislativo.
Para que la iniciativa sea aprobada, se requieren al menos 53 votos —la mitad más uno del total de 105 senadores—. Esto marca una cuenta regresiva para el Gobierno, que apuesta por este mecanismo de participación popular para avanzar en una de sus banderas sociales más importantes.
Un camino complejo para el oficialismo
Petro contaría inicialmente con los votos del Pacto Histórico (20), Comunes (5), En Marcha (3), Mais (1) y posiblemente otros senadores aún no definidos. Sin embargo, las bancadas del Centro Democrático (12), Cambio Radical (11), Mira (4), y sectores del Partido Conservador y Liberal, han manifestado posturas críticas o abiertamente contrarias.
En este contexto, las bancadas claves como La U (10), el Partido Liberal (13) y algunos miembros de la Alianza Verde (7) podrían inclinar la balanza.
Las preguntas de la consulta
Las 12 preguntas buscan establecer nuevos derechos laborales y fortalecer la protección social. Algunos de los temas propuestos son:
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Reducción de la jornada laboral diurna a 8 horas (de 6 a.m. a 6 p.m.).
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Pago del 100 % de recargo por trabajo en domingos y festivos.
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Beneficios e incentivos para Mipymes asociativas.
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Licencias médicas para periodos menstruales incapacitantes.
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Contratación obligatoria de personas con discapacidad.
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Formalización de jóvenes aprendices del Sena.
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Derechos laborales para repartidores en plataformas digitales.
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Régimen especial para trabajadores rurales.
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Eliminación de la tercerización e intermediación laboral abusiva.
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Acceso a seguridad social para trabajadores informales como empleadas domésticas y artistas.
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Contratos indefinidos como norma general.
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Creación de un fondo para otorgar bonos pensionales a campesinos.
La discusión promete ser intensa. La consulta popular se convierte ahora en una de las principales apuestas del presidente Petro para avanzar su agenda social, en un escenario donde la vía legislativa ha demostrado ser insuficiente.
Fuente: Infobae