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Colombia sigue siendo el único país de América donde la mutilación genital femenina (MGF) es una práctica frecuente y legal. Solo entre enero y noviembre de 2023, el Instituto Nacional de Salud reportó 89 casos en niñas de entre 0 y 5 años, principalmente en comunidades indígenas del pueblo Embera. Sin embargo, expertos advierten que existe un alto subregistro, ya que muchos casos solo salen a la luz cuando generan complicaciones médicas.
Ante esta situación, un grupo de congresistas, junto con lideresas indígenas, universidades y organizaciones civiles, impulsó un proyecto de ley que busca prevenir, atender y erradicar esta práctica, sin penalizarla ni prohibirla explícitamente para respetar la autonomía de la jurisdicción indígena. Este martes, la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la plenaria de la Cámara de Representantes, y ahora debe superar dos debates en el Senado para convertirse en ley.
La representante Jennifer Pedraza, coautora del proyecto, subrayó la urgencia del tema: “Es una grave violación a los derechos humanos. Colombia tiene la responsabilidad de actuar”. A su vez, la congresista Alexandra Vásquez recalcó que el enfoque es preventivo y no punitivo. “Las penas no han funcionado. Lo que necesitamos es un cambio cultural profundo”.
Desde las comunidades, Juliana Domicó, lideresa Emberá eyabida de Córdoba, participó en la construcción del proyecto para garantizar un enfoque intercultural. “La ablación no es parte de nuestra tradición. Era un ritual simbólico, el ‘nepoa’, basado en plantas y equilibrio espiritual. La práctica actual es una imposición colonial”, afirmó. Domicó explicó que el proyecto respeta la jurisdicción indígena y evita criminalizar a las parteras, buscando en cambio educar y generar conciencia.
La MGF implica la extirpación o lesión de tejido genital femenino sano, con consecuencias físicas y psicológicas graves. Según la OMS, puede causar desde hemorragias e infecciones hasta complicaciones obstétricas y traumas psicológicos duraderos. Entre 2011 y 2021, solo el hospital de Pueblo Rico, Risaralda, reportó 141 casos en niñas indígenas.
Carolina Giraldo, representante por Risaralda y también coautora del proyecto, destacó que la falta de datos dificulta la intervención estatal. El proyecto contempla la creación de un sistema de información para recopilar y difundir datos confiables.
Esta iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente con el compromiso de eliminar prácticas nocivas como la mutilación genital femenina y promover la igualdad de género.