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En medio del peor escándalo del Gobierno de Gustavo Petro, los integrantes del Pacto Histórico están moviéndose en la Comisión de Acusación y en el Consejo Nacional Electoral para poder contener de alguna manera las investigaciones que se adelantan contra la campaña "Petro Presidente".
Después de las revelaciones hechas por diversos medios, se han realizado varias denuncias contra el mandatario colombiano y su campaña presidencial, por lo que la competencia se ha distribuido entre la Comisión de Acusación y el Consejo Nacional Electoral.
Por ahora, la ‘jugadita’ que el petrismo logró consolidar está relacionada con la posibilidad de quitarle el expediente que tiene en su poder el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz, quien adelanta las indagaciones contra la campaña "Petro Presidente" desde hace unos meses por unas denuncias anónimas que llegaron al organismo electoral.
Resulta que el pasado 3 de mayo llegó a la Comisión de Acusación una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales, por lo que el asunto debía trasladarse al CNE. Sin embargo, el caso había quedado en el olvido y sólo hasta que estallaron los escándalos de Laura Sarabia y Armando Benedetti, que salpican directamente la campaña presidencial, recordaron dar traslado y compulsar la denuncia al organismo electoral, que es el competente en esta materia.
Fuentes le confirmaron que los integrantes del Pacto Histórico estaban analizando las estrategias jurídicas que podrían implementar para tener manejo de las investigaciones contra el mandatario en las dos instancias. Por ahora, la que les funcionó primero fue esa denuncia que llegó a la Comisión de Acusación y que estuvo dormida durante un mes.
Con la remisión al Consejo Nacional Electoral, el reglamento indica que dicha denuncia debía llegar al despacho del magistrado Ortiz, ya que es quien lleva dichas indagaciones, pero sorpresivamente la presidenta del CNE, Fabiola Márquez (Pacto Histórico), decidió darle reparto a dicho documento y enviarlo al despacho de Cristian Ricardo Quiroz Romero (Alianza Verde), quien es cercano al petrismo.
“Se remite por competencia la denuncia por infracción de la Constitución y leyes de la República contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, radicada a través de correo electrónico en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes con número interno 1623; 1710-1820 de mayo de 2022″, dice un fragmento de la carta que llegó de la Comisión de Acusación.
El asunto no tendría importancia y sería un trámite más, pero llama la atención el interés de la presidenta del CNE por retrasar los procesos de Benjamín Ortiz, quien recientemente decidió llamar a Laura Sarabia y a Armando Benedetti a rendir testimonio en investigación sobre supuestas irregularidades en la campaña Petro, tras los audios revelados.
Por lo menos, Fabiola Márquez logró que la Sala Plena entre a discutir en manos de quién quedará dicha denuncia ya que todos los magistrados esperaban que se incorporara al despacho de Ortiz, pues él está tratando ese asunto. Dicha reunión se hará este miércoles 7 de junio, y se conocerá qué pasará.
Se dio a conocer que lo que busca la presidenta del CNE con respaldo de Cristian Ricardo Quiroz Romero, Alfonso Campo Martínez, Álvaro Hernán Prada y Alba Lucía Velásquez Hernández, es quitarle el proceso a Ortiz bajo la excusa de conformar una comisión de mínimo tres personas para estudiar las denuncias. El problema es que el reglamento es claro y las comisiones se conforman antes del reparto, pero el afán les entró tras estallar todo el escándalo con las presuntas irregularidades y los audios de Armando Benedetti, en los que habla de 15 mil millones de pesos que llegaron a la campaña.
Alba Lucía, magistrada del Polo Democrático, fue la que lideró dicha propuesta que está teniendo calado en los demás magistrados. Aunque Campo (Conservador) y Prada (Centro Democrático) sean de partidos de oposición, en este momento están más cerca del petrismo que de sus propios partidos que los postularon.
Sin embargo, Prada indicó que esa información no es cierta y que él no está cerca del petrismo, como se ha dicho al interior del organismo electoral. Además, aclaró que sus posturas obedecen a una institucionalidad que se debe respetar ya que como magistrado no tiene identidad partidista.
A su turno, Campo también señaló que no es cierto que sea cercano al petrismo y que en su trabajo como magistrado debe dar garantías a todos los sectores. Por esa razón, señaló que, si se conforma dicha comisión, el único propósito será el de brindar transparencia en las investigaciones que se adelanten.
Tras esta ‘jugadita’, el Pacto Histórico busca desatar una pelea legal y reglamentaria en el Consejo Nacional Electoral para poder tener el control de las investigaciones contra la campaña Petro Presidente. Sin embargo, las cargas están divididas y hay otro sector de magistrados que buscará hacer respetar las normas del organismo electoral.
En todo caso, este pulso está generando una división en el CNE y hay malestar al considerar que desde el Congreso los legisladores del Pacto Histórico están intentando manipular los magistrados que tienen cercanía con el presidente Gustavo Petro.
Lo cierto es que llama la atención que Fabiola Márquez a última hora haya considerado que es un tema de connotación nacional y quiera hacer mal uso del reparto de los procesos y un posible uso indebido del reglamento para, supuestamente, intentar salvar al presidente Petro.
Fuente: Semana