Marelen Castillo interpone tutela contra revocación de su candidatura al Senado


Marelen Castillo interpone tutela contra revocación de su candidatura al Senado

Colombia

La representante a la Cámara y aspirante al Senado por el Centro Democrático presentó una acción de tutela en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá para impugnar la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejó sin efecto su inscripción como candidata en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

El CNE decidió revocar la candidatura de Castillo bajo el argumento de una presunta doble militancia, al considerar que al ser elegida como representante al Congreso bajo el estatus de oposición con la Liga de Gobernantes Anticorrupción habría mantenido continuidad orgánica con esa colectividad, pese a haber formalizado su afiliación al Centro Democrático.

Argumentos de la defensa
En el recurso jurídico, la congresista sostiene que nunca ha suscrito estatutos ni formalizado su militancia dentro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, por lo que, a su juicio, no puede atribuírsele doble afiliación. Según su equipo legal, la interpretación del CNE vulnera sus derechos constitucionales de participación política y el principio de igualdad, al presumir militancia sin documentos que la acrediten formalmente.

La acción de tutela busca que se restablezcan sus derechos políticos, se reconozca su inscripción como candidata al Senado por el Centro Democrático y se garantice su participación en el actual proceso electoral. En el escrito se invocan fallos previos y criterios legales relacionados con la verificación de afiliaciones partidistas en casos similares.

Reacción del entorno político
Fuentes vinculadas al Centro Democrático han manifestado respaldo a Castillo y anunciaron que agotarán las instancias jurídicas necesarias para revertir la decisión del CNE. El respaldo institucional se basa en el argumento de que la congresista no se encontraría inhabilitada para competir en el Senado, conforme a la interpretación de las normas electorales.

El caso ha puesto de relieve la interpretación jurídica sobre la doble militancia y la inscripción de candidatos, en un contexto electoral marcado por debates sobre la regulación de derechos políticos y la autonomía de los órganos electorales en Colombia.

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