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Este martes 26 de agosto, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, presentaron ante la sala plena la ponencia definitiva en la que señalan que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría violado los topes electorales en 2022 por 3.500 millones de pesos. La decisión será votada por todos los magistrados del tribunal administrativo en las próximas semanas.
En la resolución, los magistrados proponen sancionar a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna, por presunta financiación prohibida en la primera vuelta presidencial por 2.252 millones de pesos.
Además, se solicita sanción solidaria por otros 2.447 millones por violación de topes electorales en la primera vuelta, y sanciones adicionales de 627 millones y 596 millones por la segunda vuelta, correspondientes a financiación prohibida y violación de límites de gasto.
La ponencia también incluye multas para el Movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica por 583 millones de pesos, señalando que no auditaron adecuadamente la rendición de cuentas y permitieron aportes de fuentes prohibidas. Según los magistrados, el monto de las multas se descontará del financiamiento estatal para los partidos políticos.
Se solicita, además, que Ricardo Roa devuelva al Estado 165 millones de pesos por un gasto realizado el día de las elecciones en el “evento Movistar Arena” de junio de 2022. También se compulsarán copias de la decisión a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía para indagar posibles delitos relacionados con la financiación de la campaña.
La sala plena del CNE deberá votar esta ponencia en las próximas semanas.
Fuente: Semana
