Ante el despacho de los 9 magistrados de la Corte Constitucional se entregó en la noche de este lunes la ponencia para estudio de la denominada ley de paz total, con la que el Gobierno de Gustavo Petro sentó las bases jurídicas de una de sus principales apuestas. Pero, de acuerdo con fuentes del alto tribunal, el documento es diametralmente opuesto a los intereses del Ejecutivo y lo que pide es que se tumbe.
En efecto, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez aseguró en su análisis jurídico que esa norma tuvo vicios de trámite, entre ellos el de no haber contado con el concepto previo que se le debe pedir al Consejo de Política Criminal.
La norma que con esta ponencia quedó tambaleando es la 2272 de 2022, con la cual Petro –al comienzo de su administración y cuando aún contaba con el respaldo de una coalición política– le hizo una cirugía a la ley de orden público para facilitar escenarios de diálogo con grupos ilegales como el Clan del Golfo o las narcobandas que operan en el Valle de Aburrá y con las cuales ya hay una mesa en proceso.
Medios de comunicación confirmaron con fuentes de la Corte que este análisis se está haciendo bajo la figura de la urgencia, por lo que no se descarta que la votación de la ponencia se dé en cuestión de días. Para que prospere la tesis de Ibáñez, según la matemática judicial, se requieren al menos cinco de los nueve votos posibles avalando la ponencia que pide tumbar la norma.
El análisis de esta norma de Petro, que el Jefe de Estado ha defendido en diversos escenarios nacionales e internacionales, se originó en una demanda de constitucionalidad que interpuso Javier Pava Quiceno, quien alegó que varios de los puntos que se ponen de relevo en esa cirugía a la ley de orden público atentan contra la Carta Política de 1991.
Sobre esta norma, incluso, el mismo Ibáñez les había solicitado a sus colegas de sala que se le permitiera la suspensión de vigencia de varios apartados, pero la petición le fue negada. Eso sí, se sentó el precedente jurídico de que la Corte sí podría suspender la entrada en vigencia de una norma mientras la estudiaba en su seno.
Dentro de este expediente ya existía un concepto de la Procuraduría que, precisamente, le pedía a la Corte tumbar una norma con la que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha buscado espacios de acercamiento con bandas como La Oficina y Los Pachelly (ambas paisas).
De acuerdo con el Ministerio Público, “las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, aunque algunos congresistas manifestaron sus inquietudes en torno al contenido de la iniciativa y solicitaron la suspensión de las deliberaciones mientras el mismo era allegado”.
En sentido contrario, de acuerdo con los archivos de la Corte Constitucional, el Gobierno había presentado documentos pidiendo que se mantuviera vigente esta norma y que se le diera su visto bueno de constitucionalidad.
Uno de ellos lo remitió la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, en el que incluso aseguraba que narcodisidencias como la de Iván Márquez, pese a haber desertado del proceso de paz en la administración de Juan Manuel Santos, podían tener un reconocimiento político. Y, aunque eso levantó polémica y se intentó enmendar con otro concepto, el paso se dio y actualmente hay mesas exploratorias con esos grupos y con el ELN.
“La determinación de adelantar negociaciones con fines políticos o de sometimiento es del resorte del Gobierno”, se lee en uno de esos documentos. Lo cierto es que, si prospera la tesis del magistrado Ibáñez, el presidente Petro recibiría un duro golpe en su administración porque se queda sin el piso jurídico para apostarle a los acercamientos con sectores ilegales.
Fuente: El Colombiano